Hace unos meses vi una serie de televisión brasileña llamada «El mecanismo», una historia ficticia inspirada en el caso de corrupción Lava Jato.
Recientemente fue publicado por el Centro de Investigación de Política Económica (CEPR, por sus siglas en inglés) una investigación coordinada por Dalgaard y otros autores reconocidos en esta materia, en el cual se estudia la duración temporal de los efectos generados por la provisión de bienes públicos.[1] En dicho documento, se estudia la relación existente entre la inversión pública en i
“Permítame agregar señor juez, que ese robo de dinero provenía del pago de impuestos de personas honradas y trabajadoras, incluyendo a quienes estaban en situación de pobreza extrema.
Más de 30 años han pasado desde la aprobación de la Ley IRCA (Inmigration Reform and Control Act) que fue la última gran amnistía migratoria que permitió a tres millones de indocumentados (2.3 millones eran mexicanos) solventar su estatus legal en los Estados Unidos.
Imaginemos que nos encontramos en El País de las Maravillas en donde en periodos de contienda electoral por la presidencia, a las personas candidatas se les exige: un curriculum a la altura del cargo; un certificado de encontrarse al corriente de obligaciones fiscales; un balance de estados de cuentas y propiedades; una constancia médica de poseer las capacidades psíquicas; una declaración de intereses que identifique aquellas actividades o relaciones que podrían interferir con el ejercicio de sus funciones; una declaración jurada de la veraci
Conforme la legislación vigente, los guatemaltecos que poseen un vehículo para su uso, deben atender el pago del Impuesto Sobre de Circulación de Vehículos –ISCV- durante los primeros siete meses de cada año calendario. El impuesto que, en su definición, también incluye la obligación legal para los vehículos aéreos y marítimos, se enfoca principalmente en los terrestres, dado que su administración está a cargo de la Superintendencia de Administración Tributaria, mientras que el pago de los aéreos está supervisado por la Dirección de Aeronáutica Civil, y el de
Nuestra sociedad se enfrenta a problemas como pobreza, desigualdad, inseguridad, migración, desempleo, sequías, corrupción; dificultades que cada día se intensifican más, en detrimento de las condiciones de vida de las personas. En el actual período electoral abundan los discursos con promesas de romper con la tendencia, resolver los problemas y mejorar el bienestar de la población salvadoreña.
Hace ya varias décadas que la sociedad salvadoreña, en el papel, optó por la democracia como el espacio para dirimir nuestras diferencias. Pero se nos pasó por alto construir una visión de Estado. Esa en la que los distintos actores reconocen que incluso en sus diferencias, son capaces de encontrar puntos en común. Y sobre todo se nos olvidó que, es por medio de la política fiscal que se construye un Estado en el que las palabras desarrollo, paz y democracia no son retórica, sino una realidad.
Hace unas semanas observábamos como el partido ARENA promovía una ley para el manejo del agua, en concordancia con sus intereses empresariales, y su ideología política de «libre mercado», lo cual no es de extrañar. Sin embargo, que se concretaran los rumores que el FMLN promoverá una ley para la creación de zonas francas –Zonas Económicas Especiales (ZEE)– es una aberración política y, hasta ahora, su mayor incoherencia ideológica.
La diabetes es una de las enfermedades de más rápido crecimiento en Latinoaméricad y especialmente en los segmentos de bajos recursos, lo que ha creado una demanda creciente de recursos públicos para atender los cuidados y tratamientos de las personas que la padecen.