El 28 de agosto de 2015 se publicó en esta revista un análisis realizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) sobre el plan de gobierno del entonces candidato Jimmy Morales. Aquel análisis se basaba en el documento que el partido FCN-Nación nombró “Visión 20/20”. En sus exiguas cinco páginas contenía propuestas en materia de empleo, educación, salud, transparencia y combate a la corrupción.
Las fiestas de Navidad y fin de año siempre son una excelente oportunidad para compartir con los seres queridos, recargar energías y reflexionar sobre lo que viene. Un período de tregua para plantearse propósitos para el año nuevo. Pero reconociendo que la realidad no se habrá transformado solo por cambiar de año.
Ya estamos en 2017, y es muy común que así como las personas se planteen objetivos, las autoridades nos revelen los proyectos que pretenden perseguira. Pero es muy difícil hablar de los propósitos para 2017, cuando seguimos con una larga lista sin cumplir de los años anteriores.
El recuento de 2016 nos dejó más sombras que luces. A pesar de la estimación oficial que la economía habrá crecido 2.5%, los niveles de pobreza se han incrementado, la migración sigue en ascenso y la sangre continuó derramándose. Quizá una pequeña balsa fue el anuncio del incremento al salario mínimo para quienes realmente son los que generan la riqueza en nuestro país; no obstante, hay 200,000 compatriotas que se encuentran en situación de desempleo.
De acuerdo al FMI, Guatemala es el cuarto país del mundo con menos ingresos públicos; las proyecciones indican que hacia 2021 ocupará el tercer lugar, apenas por encima de Nigeria y Sudán; por ello hay una urgente necesidad de dotar al Estado de más recursos, pero también, de administrarlos sin corrupción, sin privilegios, con calidad y transparencia y sobre todo eficaz y eficientemente.
Llevamos varios meses escuchando voces que advierten un menor dinamismo en la economía guatemalteca. La más reciente encuesta de expectativas económicas del Banco de Guatemala revela que hay mucha incertidumbre sobre el futuro económico. En enero de 2016, el 71.4% de los analistas privados encuestados dijeron “no estar seguros” sobre si el momento actual es oportuno o no para invertir; para noviembre, esta misma respuesta aunque bajó a 52.4%, continúa siendo muy alta.
En el papel, la gran diferencia entre el sector privado y el sector público es que el primero busca su bienestar individual a través de la maximización de la ganancia y de la utilidad, mientras que el sector público debe garantizar el bienestar colectivo por medio de la mejora en las condiciones de vida de toda la población. Por ello, la Constitución plantea que El Salvador es un Estado republicano, palabra que viene del latín «res publica», que significa literalmente «cosa pública».
Cuando el Presidente Sánchez Cerén y el presidente de Arena se dieron un apretón de manos luego de llegar a un primer acuerdo en materia fiscal, El Salvador suspiró certidumbre. Sin embargo, la parte más compleja del acuerdo es la que se deberá negociar a partir de ahora, pues en la Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social se establece que en los próximos tres años el déficit fiscal deberá reducirse en 3% del PIB, vía reducciones en gastos y aumentos en ingresos; pero no dice cuánto, cómo y cuáles.
En las últimas dos semanas, se han venido desarrollando en El Salvador acontecimientos que han puesto el tema fiscal en el centro de las discusiones, tanto del gobierno como de los sectores políticos y grupos de opinión. Hablo del Acuerdo para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Económico, firmado entre el Gobierno y los principales partidos políticos, acompañado de la Ley de Responsabilidad Fiscal.