Cerca de 20 millones de centroamericanos (más del 45% de la población total) habitan en territorios rurales. En comparación con los habitantes de las áreas urbanas, las poblaciones rurales continúan teniendo menor acceso a los bienes y servicios básicos tales como la educación y la capacitación, la salud, el agua potable y el saneamiento ambiental, generando con ello amplias brechas de bienestar, empleo e ingresos.
En los últimos años, especialmente con posterioridad a la gran crisis financiera internacional de 2008 y 2009, la política fiscal en Centroamérica, se ha enfocado en la búsqueda de soluciones de corto plazo, para resolver las deficiencias coyunturales que presentan los presupuestos de los países, y a crear condiciones que traten de preservar la sostenibilidad fiscal, especialmente en la administración de la deuda pública.
No. 17 - Época II. Antes de que la Gran Recesión golpeara a Centroamérica, los Estados estaban ajustando los saldos de su deuda pública para hacerlos sostenibles en el tiempo. Evidentemente, para la mayoría de naciones centroamericanas, la racha de alto crecimiento de los años anteriores les permitió avanzar con mayor rapidez.
El trabajo infantil constituye una de las más notorias manifestaciones de la exclusión social y económica que padecen alrededor de 1.7 millones de niñas y niños centroamericanos. Las Convenciones 138 (1973) y 182 (1999) de la Organización Internacional del Trabajo establecen que la edad mínima de admisión a cualquier trabajo o empleo no debe ser inferior a la edad de completar la educación obligatoria, y en ningún caso menor de 15 años.
Recientemente fue lanzando en Guatemala el libro del politólogo estadounidense Aaron Schneider, titulado «Construcción de Estado y regímenes fiscales en Centroamérica» (F&G Editores, 2014). El hilo conductor del mismo radica en su hipótesis central: los modelos de construcción del Estado fundamentan el tipo de regímenes fiscales vigentes, así como los cambios que se producen en ellos a lo largo del tiempo.
La inversión extranjera directa (IED) puede ayudar al desarrollo de Centroamérica al abrir nuevos espacios, tanto para el acceso a capitales que financien proyectos de gran envergadura, como en la transferencia de tecnología, en el aumento del capital humano, mediante oportunidades de más formación y aprendizaje, en el acceso a nuevos mercados y cadenas de producción y comercialización regionales y transnacionales, y, finalmente, en la propia generación de una mayor actividad económica que aumente el empleo. Pero, para que la IED tenga efectos tan positivos en una sociedad, es importante reconocer algunos elementos que determinan su éxito.
La sociedad centroamericana muestra en la actualidad progresos democráticos, con gobiernos electos por la mayoría de sus ciudadanos mediante el voto libre. En algunas naciones, movimientos rebeldes del pasado, convertidos ahora en partidos políticos, han asumido el poder respaldados por elecciones. Con excepción de lo ocurrido en Honduras, en 2009, los golpes de Estado ya no son una constante en el escenario político.
A inicios de los años noventa, las administraciones tributarias de Centroamérica fueron objeto de evaluación y rediseño con el fin de transformar sus estructuras hacia un modelo funcional basado en sus principales procesos (control, fiscalización y recaudación), al tiempo en que se reforzaba su autonomía.
El contexto internacional para 2014 continuará marcado por bajas tasas de crecimiento económico, como resultado de una muy débil mejora en el empleo, la poca confianza en el sector financiero internacional y la brusca consolidación fiscal en muchas economías avanzadas, entre ellas Estados Unidos. En este año, la mayor parte de los estímulos al crecimiento económico mundial provendrá de los países en vías de desarrollo y del desempeño del conjunto de países denominados Bric (Brasil, Rusia, India y China).
Los niños, niñas y adolescentes centroamericanos constituyen el 42% de la población total, es decir, cerca de 17.2 millones de personas. Las inversiones que la sociedad hace en ellos, además de concretar la realización de sus particulares derechos, debe constituir una apuesta para la reorientación de los patrones de desarrollo actuales ?de bajo crecimiento y desigual distribución del bienestar?, hacia modelos económicos y políticos que, por medio de la equidad, consoliden la democracia al tiempo que garantizan mayores tasas de crecimiento económico, reducción de la pobreza y las desigualdades y mejoras en la competitividad de las naciones.