Hasta la fecha el Ministerio de Hacienda (MH) se ha limitado a hacer de tripas corazón. La fragilidad y poco margen de maniobra de las finanzas públicas, han relegado a dicha entidad a simplemente ser el contador financiero del resto de entidades del Estado.
El año 2015 resultó ser un período de poco avance fiscal para la región centroamericana. En promedio, el tamaño de los gobiernos centrales se mantuvo constante con respecto a 2014, en un 18.5% del producto interno bruto (PIB).
Desde hace varios días se discute la posibilidad de reformar la Ley Orgánica de la SAT ante una iniciativa del Congreso de la República, y que para muchos podría representar la solución a los problemas que aquejan a la administración tributaria desde 2013.
Mientras las pensiones ocupan el foco de atención de la discusión en el país, nos olvidamos que los problemas fiscales van más allá.
Dijeron que los bancos públicos tenían una crisis de insolvencia como consecuencia de la intervención del Estado y a su incapacidad administrativa de realizar, de manera eficiente, tareas de intermediación financiera; y entonces lo que debía hacerse era privatizarlos.
Imaginen por un momento que tienen la oportunidad de participar en un concurso fotográfico, cuya temática es la justicia fiscal. Su principal lineamiento es plasmar expresiones de la política fiscal como herramienta necesaria de los Estados para generar mejores condiciones de vida para la población.
En 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social, con el objetivo de reafirmar la necesidad de construir sociedades en las que todos los ciudadanos, sin discriminación alguna, puedan beneficiarse del progreso económico y social. La justicia social implica el cumplimiento de todos los derechos humanos tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales, lo que debe traducirse en modelos económicos, nacionales y mundial, basados en principios de justicia, equidad, inclusión y participación en los asuntos públicos.
Una de las principales discusiones políticas actuales es si se debe autorizar la modificación presupuestaria solicitada por el presidente Morales, que implica la contratación de más bonos para financiar el déficit fiscal, polemizando sobre si es mejor o no contratar préstamos con entidades multilaterales, con plazos y condiciones más favorables.
La dolarización está en peligro, fueron las palabras que dijo el Secretario Técnico de la Presidencia en una entrevista y las aguas del río, ya turbias, se estremecieron. Aunque se le puede reprochar que utilizara ese argumento en las vísperas de presentar la propuesta de reforma de pensiones, no por ello deja de ser un escenario que se debe analizar.
Observatorio fiscal centroamericano No. 31 época II Recientemente, la organización Global Financial Integrity (GFI) presentó su informe sobre los Flujos Financieros Ilícitos (FFI) en los países en desarrollo. Uno de los hallazgos más importantes de este informe es que entre 2004 y 2013 se estima que salieron cerca USD7.8 trillones en FFI de los países en desarrollo, lo que en términos reales significa un crecimiento anual de 6.5 por ciento.