Nos encontramos en un momento crítico para el país, en el cual se están realizando importantes discusiones para reformar el sistema de pensiones, tema que ha estado en boga en los últimos meses. Recientemente, fue presentado el estudio “El Salvador: En la búsqueda de un acuerdo nacional de sostenibilidad fiscal”, que tiene el objetivo de fomentar el diálogo para lograr soluciones integrales a las distintas problemáticas del país, desde el ejercicio de la fiscalidad.
En realidad, la mayor parte de la polémica se encuentra en el campo filosófico y político y no en los fundamentos técnico-legales, ni en la factibilidad actual y pertinencia de hacer reformas que produzcan un efecto positivo y perdurable en la administración tributaria.
En mi última columna comenté sobre la diferencia entre los temas de justicia fiscal que se abordan internacionalmente y los que nos ocupan en la región centroamericana. Días después, se hizo pública la más grande filtración histórica de documentos vinculados al uso de empresa off-shore, domiciliadas en paraísos fiscales, y que devenían del funcionamiento de un bufete de abogados ubicado en Panamá, por lo que gran parte de la opinión pública se ha focalizado en señalar a dicho país como el gran, y a veces único, responsable de la situación.
En El Salvador, si bien es cierto que existen muchos empresarios que cumplen a cabalidad con todas estas premisas, hay un grupo que no. Específicamente son quienes basan su rentabilidad en el pago de salarios de hambre; la sobreexplotación de los recursos naturales o en la realización de actos de corrupción, que se manifiestan en múltiples formas.
Los cotizantes han sido tan desinformados que en la sociedad existe una enorme incertidumbre sobre lo que realmente va a pasar si la reforma se lleva a cabo.
El domingo salieron a la luz los primeros hallazgos de una investigación, realizada por 107 medios de comunicación provenientes de 78 países, en la que se analizaron documentos filtrados del despacho panameño de abogados Mossack Fonseca.
Recientemente y como parte de la delegación de Latinoamérica, fuimos invitados a participar en la Tax Justice Together Conference en Ámsterdam, Holanda, con más de 100 invitados de 28 naciones del mundo, especializados en el análisis tributario y en la búsqueda de justicia fiscal.
El pasado 16 de marzo, el gobierno de la República de Honduras determinó unilateralmente el cierre de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), después de casi 22 años de funcionamiento, siendo creada vía Decreto 159/94 del 17 de diciembre de 1994.
Hace unos días, cuando la Semana Santa nos entregó tan esperado descanso para reflexionar sobre la pasión, muerte y resurrección espiritual –pero también en nuestra vida cotidiana– fue presentado en Panamá un estudio sobre la inversión pública en niñez y adolescencia titulado Panamá: inversión pública en niñez y adolescencia. Y es que soñar en el país del mañana debe hacernos, por obligación e instinto, ver qué estamos haciendo hoy por el futuro mismo, es decir, por las niñas y los niños.
Se está cumpliendo casi un año desde que los guatemaltecos se animaron a tomar las calles para luchar en contra de la corrupción y exigir la salida de aquellos gobernantes que al amparo de la opacidad de sus acciones, utilizaron el poder público no para servir, sino para servirse.