Para atender la emergencia relacionada con la pandemia se sabía que era necesario destinar millones de dólares provenientes de los impuestos, actuales y futuros, de la población. Con los votos de todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa y con el aval del Presidente de la República se creó en 2020 el Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica (FERRE), un fondo de USD2,000 millones (casi una tercera parte de todo el presupuesto público aprobado para 2020).
Como ya lo he compartido en ocasiones anteriores, pertenezco a la generación de la post guerra, no tengo recuerdos propios las dictaduras o el conflicto armado; pero haber crecido en un período de paz no me exime de la responsabilidad de conocer la historia de mi país.
Hace más de un año que el gobierno de El Salvador adoptó una de las primeras medidas sobre la pandemia de la COVID-19.
El jueves pasado, la mayoría de diputados del Congreso Nacional de Honduras aprobó una reforma al artículo 67 de la Constitución de la República con el fin prohibir, de manera absoluta y ante cualquier circunstancia, el servicio de aborto. La iniciativa, presentada el 11 de enero de 2021, por el diputado del oficialista Partido Nacional, Mario Pérez, fue aprobada en un solo debate y sin que mediara una discusión amplia, seria y científica.
No es un secreto que los países del Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador están muy cerca, si es que aún no lo son, de ser Estados fallidos.
Mientras escribo esta columna, las noticias hablan de cerca de siete mil hondureños intentando entrar a Guatemala y seguir su camino hacia Estados Unidos.
¿Se imaginan que organizaciones católicas, de la comunidad LGBTI, evangélicas, feministas, de jóvenes, ambientalistas, de migrantes, defensoras de derechos, movimientos sociales, universidades, centros de pensamiento, entre otras pudieran promover una iniciativa en común?















