El inicio de un nuevo año suele estar marcado por la esperanza de poder cumplir nuevas metas y objetivos, y por la confianza que las condiciones en las que nos encontramos mejoren.
Seguramente el 2020 tendrá un lugar especial en la historia. Un año cargado de tristeza, dolor, miedo, incertidumbre, pero también de lecciones que ojalá no las olvidemos nunca y las tengamos muy presentes en 2021:
Este año, la pandemia puso en evidencia los grandes desafíos de desarrollo que aún están pendientes de atender. Desafíos, en muchos casos, provocados por las propias decisiones humanas, que incluso previo a la pandemia ya eran causa de crisis mundiales, superpuestas entre sí, y a pesar de ello ignoradas desde la política pública.
Históricamente la institucionalidad ha sido débil en El Salvador. Especialmente la relacionada con la prevención y combate de la corrupción. Sin embargo, el país dio un paso adelante con la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, hace una década, y con ello la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), una entidad independiente, pero que en su génesis estaba ligada a las decisiones de la Presidencia de la República por ser quien tenía la decisión final sobre la designación de los comisionados.
Cada 9 de diciembre se conmemora el día internacional contra la corrupción. Ese mal que afecta a todos los países del mundo privando de recursos a quienes más los necesitan, socavando la confianza en las instituciones públicas, debilitando la democracia y exacerbando las grandes desigualdades.
Parecería algo sin transcendencia que los presupuestos estén técnicamente bien elaborados. Pues hablar de ingresos sobreestimados o gastos subestimados se podría pensar que solo son tecnicismos relevantes para algunos economistas, aunque sin importancia para la población. Pero no es así, las implicaciones de este tipo de errores pueden traen costos muy grandes para el país. Lo que está pasando con Fomilenio II es un claro ejemplo de ello.